Buscan desbaratar la trampa institucional con la que el Gobierno intenta imponer un proyecto minero a espaldas de la ciudadanía.
El Partido Verde de Mendoza presentó un recurso administrativo para impedir que el Gobierno avance con una audiencia pública armada para excluir a la ciudadanía y favorecer el avance del proyecto minero San Jorge, rebautizado como “Cobre Mendocino”. La convocatoria, fijada para el 2 de agosto en plena alta montaña, fue denunciada por el espacio como una trampa diseñada para desalentar la participación social y vulnerar el derecho a opinar sobre el futuro del agua y el ambiente.
La presentación fue firmada por Mario Vadillo (presidente del Partido Verde), Emanuel Fugazzotto (diputado provincial), Dugar Chappel (senador provincial), Paula García (concejala de Las Heras) y Ricardo Ariel García (concejal de Ciudad de Mendoza), y se basa en argumentos jurídicos, técnicos y constitucionales.
“Lo que estamos haciendo no es advertir. Estamos actuando. Estamos usando las herramientas legales para desbaratar una trampa institucional montada por el gobierno y las empresas mineras para imponer este proyecto sin licencia social”, explicó Vadillo.
La audiencia fue convocada en el corazón de la alta montaña, a más de 2.400 metros de altura, sin transporte público, sin servicios básicos y con condiciones climáticas extremas. No hay infraestructura sanitaria, no hay caminos seguros, no hay garantías mínimas de acceso.
Audiencia en un lugar diseñado para excluir
“Esto no es una audiencia, es un filtro. Está armada para que la gente no llegue, no hable, no moleste. Es un mecanismo deliberado para que la ciudadanía quede afuera”, señaló Mario Vadillo, quien calificó la estrategia como “una puesta en escena que simula participación mientras busca legitimar el saqueo”.
Desde el Partido Verde exigen que la audiencia se realice en el centro de Uspallata, el único lugar cercano al yacimiento que realmente tiene condiciones para garantizar el acceso de la comunidad.
Sin acceso a la información, sin participación real
A la exclusión territorial se suma la exclusión digital. Toda la información sobre el proyecto, la inscripción y la presentación de observaciones solo está disponible por internet. No hay versiones impresas, ni radios, ni carteles, ni apoyo técnico en los barrios ni en zonas rurales.
“Lo que está pasando es gravísimo. Es una audiencia digitalizada, cerrada, armada para que participen solo quienes tienen acceso, tiempo y formación. Están dejando afuera a miles de mendocinos. Y eso no lo vamos a permitir”, afirmó Emanuel Fugazzotto.
Según detallan en el recurso, esto viola principios constitucionales, la Ley General del Ambiente, la Ley Provincial 5.961, la 7.722, el Convenio de Escazú y el Decreto Nacional 1172/03, que exigen transparencia, equidad y acceso amplio a la información ambiental.
¿Qué busca el recurso?
El pedido del Partido Verde solicita:
* La nulidad parcial del acto administrativo que fija la audiencia en la alta montaña.
* Que se convoque nuevamente con una sede presencial en el centro de Uspallata.
* Que se extiendan los plazos y se garantice la difusión amplia y el acceso físico a la información.
* Que se habiliten mecanismos presenciales alternativos, sin depender de conectividad ni herramientas digitales.
Desde el espacio sostienen que el proyecto San Jorge, reciclado como “Cobre Mendocino”, no tiene licencia social y se quiere imponer a través de procedimientos amañados, lejos de la ciudadanía, sin debate real.
“El proceso participativo no puede ser un trámite vacío para justificar decisiones que ya tomaron con las mineras. Vamos a seguir dando pelea legal, institucional y política para que el pueblo defienda su derecho a decidir sobre el agua y el territorio”, concluyeron.
