El encuentro se dividió en dos partes de las que participaron funcionarios de gobierno y judiciales. En primer término, concurrió Ida López, presidenta del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, más colaboradores; y en segundo término, participó Leticia Martí, Fiscal Penal de Menores, de la órbita del Ministerio Público Fiscal.
En cada una de las Cámaras Legislativas existen diversos proyectos de Ley que incluyen estos temas, por lo cual, las comisiones, desde encuentros pasados, decidieron reunirse cada 15 días, convocar a especialistas y actores involucrados en estos temas, y trabajar en conjunto en iniciativas que permitan prevenir consumos problemáticos, entre las principales ideas.
A su vez, junto al análisis de las exposiciones de las funcionarias más los datos que se vayan recabando para su estudio posterior, se manifestó en la mesa que el tema fundamental es el abordaje preventivo sobre los “consumos problemáticos en entornos digitales en niños, niñas y adolescentes”. Remarcó la senadora Claudia Najul (UCR) que es “una problemática social muy compleja que está trayendo cada vez más inconvenientes a muchísimas familias. En un mundo donde las tecnologías avanzan en una manera exponencial día a día, los desafíos que nos enfrentamos es ver cómo esas herramientas tan importantes para los niños, niñas y adolescentes, que bien utilizadas les permiten conectarse, expresarse, adquirir conocimientos, también quedan expuestos a muchísimos riesgos y dificultades en distintos ámbitos del entorno digital”.
En el mismo sentido se expresó el diputado Daniel Llaver, quien aseguró que los consumos problemáticos relacionados al juego, “desde el punto de vista médico decimos que es una plaga y es difícil de erradicar. Lamentablemente vamos a ver la manera de vivir con ella, de mitigarla. Las prohibiciones tampoco sirven, pero sí la educación y saber dónde estamos parados” para tomar las decisiones y actuar en consecuencia en lo preventivo.
Instituto Provincial de Juegos y Casinos
Ida López, titular del Instituto, participó de la reunión, junto a colaboradores y arrojó datos concretos sobre distintos puntos de análisis de la problemática principal.
Explicó que “para nosotros, como el organismo regulador y de contralor del juego en la provincia de Mendoza, es muy importante la participación de los distintos actores en las problemáticas, y en este caso en particular, en esto que nos toca a todos y que nos preocupa y nos ocupa, como es el juego online de niños, niñas y adolescentes. En conjunto saldrán mejores ideas”, señaló.
“Desde el Instituto tenemos un área preventiva y otra asistencial en lo que tiene que ver con consumos problemáticos”, indicó y sumó: “Creemos que la mejor herramienta es la educación y la prevención”. En este sentido, manifestó que se ha confeccionado “una guía para padres, adolescentes y niños. Buscamos que los padres también se involucren”; y que con esta guía se permitan observar “ciertas señales de alerta”, respecto de la salud mental y sobre el comportamiento de adolescentes en relación al mal uso de la tecnología, y más aún sobre el caso concreto de menores de 18 años que accedan al juego de apuestas y casinos on line.
Con respecto a Mendoza, Ida López consideró que “la Ley de la provincia de Mendoza y la resolución 554 del 2022 que es la que reglamenta la Ley de juego en línea, una Resolución de directorio del Instituto, es muchísimo más amplia y regula mucho más que la mayoría de las provincias”, por lo tanto “esta Legislatura se anticipó a esta problemática, y a regular el juego en línea”.
La funcionaria puso el foco en la regulación y no en la prohibición puesto que “cuando lo regulamos lo que tratamos es de controlarlo. Prohibir es imposible, no ha pasado en el mundo, no hay una herramienta que lo haga, no se encuentra en ningún lugar del mundo, entonces lo mejor que podemos hacer es regularlo”, aseguró.
Relacionado a ello, planteó la necesidad de contactar a legisladores nacionales por Mendoza para que insistan en una reforma del artículo 301 bis del Código Penal, y que se disponga en el sistema sancionatorio de un agregado que permita penar a los denominados “influencers” o “promotores” que actúan en plataformas de redes sociales y que captan audiencias jóvenes para desarrollar estos “consumos problemáticos”. Estas personas, y estas conductas de promoción, difusión y publicidad en juego ilegales, hoy no están contempladas en el articulado del Código Penal; y tanto López como sus colaboradores, remarcaron que sería una medida sumamente efectiva en materia de prevención.
En el mismo sentido, López remarcó que se viene trabajando con el Banco Central “para poder bloquear las pasarelas de pago por donde juegan los menores de edad”. Puso el acento en lo que consideran fundamental, que es “ir contra el sistema financiero, porque de alguna manera ese es el bloqueo real que va a importar”. A su vez, hay trabajo conjunto con el ENACOM, que bloque las distintas páginas y/o plataformas digitales cuando se detecta su ilegalidad, y profundizó López en esta “herramienta de trámite administrativo”.
En resumen, sobre estas situaciones, indicó que “en lugar de esperar una sentencia judicial como se hacía hasta el año pasado, en las provincias con sistema acusatorio, como el caso del nuestro, podemos directamente, con una orden del fiscal inmediatamente que presentamos la denuncia, poder realizar el bloqueo. Esto agilizó y mucho porque obviamente esperar a la sentencia lleva muchísimo más tiempo y con esto directamente, como quien está denunciando es la autoridad de aplicación que justamente es quien autoriza o no el juego en la provincia de Mendoza, es rápido y llegamos a una efectividad mayor”.
“Es muy fácil en la Argentina ver cuándo una plataforma es legal y cuándo no, porque para que sea legal tiene que ser .bet.ar, todo el resto es ilegal, o sea que cualquier plataforma .com o .com.ar es una plataforma ilegal, entonces es simple poder identificarlo”, aseguró Ida López. Al mismo tiempo, sostuvo que hasta el momento “hemos encontrado y denunciado más de 2.600 hechos entre perfiles digitales que promocionan juego ilegal y plataformas de juego ilegal”.
Por su parte, alentó a realizar las denuncias sobre estos sitios ilegales en forma anónima, “en el Instituto, en la página del Instituto de Juegos y Casinos” porque se “tiene el acceso fácil, simple, a través del sistema Ticket que pueden hacer la trazabilidad de la denuncia y además de oficio porque en realidad tenemos una gerencia de juego en línea que permanentemente está investigando y buscando páginas ilegales”. Resaltó la funcionaria “el trabajo coordinado” con otras dependencias provinciales y nacionales.
Ida López sumó que se está trabajando también con Defensa del Consumidor de la Nación, en “el punto concreto que tiene que ver con los influencers que publicitan plataformas ilegales que captan a los adolescentes y se está haciendo un procedimiento rápido, sencillo, sumarísimo, administrativo, para multar y para sancionar” a estas personas.
Finalmente, la funcionaria resaltó que “tenemos todo el tiempo el equipo del Instituto, del área de responsabilidad social y de juego en línea, tanto haciendo su parte para la sanción, y por eso tenemos un convenio también con el Ministerio Público Fiscal para agilizar y para poder dar la mayor cantidad de pruebas posible a que la investigación vaya más rápido, y por otro lado la parte de la capacitación, que constantemente y todas las semanas estamos en algún área distinta, ya sea de escuelas, de clubes y llegando a todos los departamentos de la provincia”.
Aseguró, asimismo, que una vez finalizado el ciclo lectivo la intención es replicar campañas de concientización y charlas con los jóvenes en los contextos de clubes o lugares de esparcimiento con el fin de abordar la problemática por la mayor cantidad de aristas posibles.
Ministerio Público Fiscal
A su turno, las comisiones recibieron a Leticia Martí, Fiscal Penal de Menores, de la órbita del Ministerio Público Fiscal, quien se explayó sobre cómo se realiza el abordaje desde este organismo. Martí comenzó manifestando que hay “contacto con este tipo de aflicciones, que atraviesa todos los estratos sociales y lamentablemente, es una situación reiterante con nuestros adolescentes”.
Explicó la letrada que en general, “el Fiscal Penal de Menores, a diferencia del Fiscal de la Justicia Ordinaria, no solamente investiga la existencia material del hecho y la participación de los jóvenes en la comisión de los mismos para que sean declarados responsables legalmente sino que también interviene en una parte que, entiendo que es fundamental, que son las medidas tutelares, las medidas de protección. Como sabemos, en la justicia penal juvenil la aplicación de una pena es la última “ratio” en el caso de menores imputados”.
“Para poder condenarlo se requiere evaluar la gravedad del hecho. En general, la Ley nos exige como mínimo un año de tratamiento tutelar. Es decir, tenemos que acompañarlo durante un año porque el Ministerio Público Fiscal es quien acompaña al juez penal de menores, quien es el que toma las medidas tutelares respecto a los menores de edad, las medidas de protección”, sintetizó.
Al describir el panorama, Martí indicó que si bien la situación general de la justicia de menores o de menores en conflicto con la Ley y consumo de sustancias, no era objeto de esta reunión en particular, sí señaló que “siempre están íntimamente relacionados el tema del consumo, el consumo ya sea de estupefacientes, el consumo de alcohol, que siempre va a ser problemático en el caso de adolescentes”. Argumentó que “la realidad que nos atraviesa es que los adolescentes están consumiendo en distintas medidas, un poco más, un poco menos, pero siempre llegamos al mismo punto: La problemática se acentúa cuando tenemos familias que no los pueden contener”.
Sobre este punto, hizo hincapié Martí y sumó la necesidad de prevención. “La familia que los puede contener y probablemente los acompañe a este tipo de tratamientos (de recuperación) que se les ofrece, que son gratuitos, que son del Estado, probablemente una familia con un poco más de recursos en este aspecto puede llegar a acompañarlos, pero a veces no alcanza este acompañamiento, no alcanza la contención, y el problema surge cuando se requiere una intervención más estricta”, tal es el caso de internaciones -en los casos más graves-, y que pueden verse aún más complejizadas si existiesen patologías de fondo de nivel psiquiátrico, por ejemplo.
La profesional abogó por la prevención, y frente a ello sostuvo que el ámbito de la misma debe darse en “las redes sociales” o en los entornos digitales como se menciona en la comisión, aunque no solo de consumos problemáticos sin sustancias sino aquellos que sí las contienen.
Martí hizo preponderancia en “la prevención en los colegios, en las instituciones deportivas”, y para aquellos jóvenes que no concurren a la escuela o “no están institucionalizados” puedan ser abordados tempranamente. Mencionó la posibilidad de realizar campañas de prevención en clubes barriales, también.
Desde su perspectiva y su trabajo diario, la letrada indicó que “en el tema de los juegos, realmente no ha sido manifestado por los jóvenes aún, por supuesto no los tenemos como autores materiales, porque en tal caso serían víctimas de mayores que están administrando estas plataformas”. Y prosiguió que “realmente no han manifestado, por lo menos las causas en las que yo he intervenido, el tema de la adicción al juego específicamente. A las otras adicciones sí”.
Finalmente, al ahondar sobre estos consumos en jóvenes, se coincidió en la mesa en que los jóvenes “están todo el tiempo inmersos en las redes, que por ahí naturalizan este tipo de consumos; se relacionan a través de las redes sociales, están bombardeados todo el tiempo de información. Y si no son chicos que están firmes en sus convicciones, o con una familia que este atenta respecto a los cambios que pueda experimentar el joven, llegamos tarde”.
Conclusiones
Una vez finalizado este encuentro, los legisladores en la mesa de estudio manifestaron que continuarán convocando a los distintos actores que participan de esta problemática para tener datos desde todos los puntos de vista sobre la necesidad de proteger a niños, niñas y adolescentes en entornos digitales frente a estos consumos.
Se interesaron en la importancia de poder realizar una coordinación permanente para lo que valoraron como una de las principales medidas que es interceder ante legisladores nacionales por Mendoza para la modificación del artículo 301 bis del Código Procesal Penal (influencers promotores).
También en la posibilidad de concretar reuniones con funcionarios y trabajadores de las áreas de Delitos Económicos, por ejemplo, para profundizar sobre la detección y seguimiento de los flujos de dinero que administran estos sitios ilegales detectados. Y a su vez, solicitaron el aporte de más datos tanto al Instituto Provincial de Juegos y Casinos como a áreas del Ministerio Público Fiscal, sobre los temas tratados para poder ofrecer herramientas legislativas que permitan prevenir estos consumos problemáticos en menores, fundamentalmente.