La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza realizó este martes una concentración en la puerta de la Legislatura provincial para rechazar la reforma laboral que impulsa el gobernador Alfredo Cornejo sobre el Estatuto del Empleado Público, con especial impacto en el sector de la Salud.

Adriana Iranzo, secretaria general adjunta de ATE y de la CTA Autónoma Mendoza, fue la principal vocera de la jornada y advirtió que el proyecto oficialista “es inconstitucional, ilegal y viola derechos humanos y laborales básicos”.

“Cada artículo de esta reforma representa una violación de derechos. Se desconocen pactos internacionales firmados por la Argentina, se ignoran precedentes judiciales y se avanza contra la Constitución Nacional y Provincial. Lo que se busca es legalizar la precarización laboral, quitar la estabilidad, eliminar la antigüedad y hasta negar el derecho a la jubilación de miles de trabajadores”, sostuvo Iranzo.

La dirigente sindical señaló además que la iniciativa abre la puerta a la creación de nuevos cargos políticos fuera de estatuto, con salarios superiores al 90% del del gobernador. “Se trata de una aberración que busca generar más ‘ñoquis políticos’ mientras se despoja a los trabajadores estatales de derechos adquiridos”, remarcó.

En ese marco, Iranzo vinculó la reforma con los acuerdos políticos nacionales: “Esto que impulsa Cornejo forma parte de la campaña de Milei y Petri para avanzar en un ajuste generalizado. Pero aquí en Mendoza afecta directamente a la salud, la educación y a los sectores más vulnerables de la sociedad”.

La sindicalista también apuntó contra la vicegobernadora Hebe Casado, quien ya anticipó que votará para desempatar la iniciativa en favor del oficialismo. “Como mujer política y sindical esperaba empatía, pero hoy Casado está votando contra las mujeres trabajadoras. En Salud y Educación el 80% de los empleados son mujeres y la mayoría son sostén de familia. Esto es más machista y misógino que el propio gobernador”, cuestionó.

Finalmente, Iranzo llamó a que el proyecto sea rechazado y vuelva a Diputados. “Lo único democrático y legal es que este debate se dé en paritarias, que es el ámbito que corresponde. Los legisladores no pueden legislar sobre derechos laborales adquiridos. Esperamos que prime la justicia y que se archive una ley que es un retroceso de 20 años en conquistas sindicales”, concluyó.