El Gobierno nacional avanza con despidos masivos, recortes en salud y un ajuste generalizado, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció una intensificación de su plan de lucha. En un contexto marcado por la aplicación de la Ley Bases y la persistente pérdida del poder adquisitivo, el sindicato estatal insiste en la necesidad de fortalecer la organización colectiva como única garantía real para defender los derechos laborales.

Recortes, despidos y paritarias congeladas

A prácticamente un año de la aprobación de la Ley Bases, los efectos se han sentido con crudeza en el sector público. Según ATE, desde diciembre de 2023 se acumulan más de 50.000 despidos en el Estado nacional, muchos de ellos en áreas estratégicas. “Estamos frente a un ataque que no tiene antecedentes. Tenemos que responder en consecuencia”, afirmó un alto referente del gremio.

La situación es particularmente grave en el sector salud. Desde el área de salud de ATE informaron que los recortes presupuestarios ya impactan de forma directa en hospitales públicos de todo el país. “Va a significar un deterioro significativo de la atención a los sectores más necesitados de asistencia sanitaria”, alertaron. El caso del Hospital Garrahan —uno de los más emblemáticos del sistema pediátrico— es paradigmático: sus trabajadores realizaron una huelga de 48 horas en protesta por la falta de recomposición salarial y la caída de las partidas operativas.

A esto se suma la postergación de las paritarias, que amenaza con consolidar la pérdida salarial. Según datos del propio sindicato, el 75% de los trabajadores estatales se encuentra hoy por debajo de la línea de pobreza, y los sueldos han perdido más de 30 puntos frente a la inflación acumulada desde la asunción del presidente Javier Milei.

En el caso de Mendoza la situación no es muy diferente. “Sufrimos un vaciamiento del sistema público de salud desde antes de la asunción de Milei, pero se profundizó desde ese momento. Cuando el gobierno nos necesitaba para cubrir las falencias de la salud pública en plena pandemia éramos héroes, ahora nos elimino el boleto diferencial de transporte y la inmensa mayoría de los trabajadores esta por debajo de la linea d pobreza”. Decía Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza.

Movilización general y advertencias desde el sindicato

“Vamos a montar vigilias en todos los ministerios y secretarías, y no descartamos ocupar aquellas dependencias que dejen trabajadores en la calle”, adelantó Aguiar. Según trascendidos internos, ATE estaría impulsando una movilización general con alcance federal para frenar la ola de cesantías y exigir que el Gobierno garantice salarios por encima de la canasta alimentaria, reincorporaciones y pases a planta permanente.

La tensión crece en paralelo a la deslegitimación sistemática de los sindicatos que promueve el discurso oficial. “Lo que buscan es que cada trabajador se quede solo, sin respaldo. Pero si te presionan para que te desafilies, es porque saben que organizados somos más fuertes”, sostienen desde ATE Mendoza, una de las seccionales más activas del país.

Unirse para no caer

En tiempos donde el discurso oficialista promueve el individualismo como solución, ATE propone lo contrario: unidad y organización. La soledad no es libertad, advierten, sino vulnerabilidad. “No dejes que te vendan espejitos de colores. No estás solo ni sola. Tu esfuerzo merece ser respetado, y eso se logra con el respaldo de todos los que luchan como vos”, afirma el comunicado que acompaña la campaña.

Con una consigna clara —“La dignidad no se terceriza. Se defiende, organizados”—, ATE busca sumar fuerza en un momento crítico. Frente a un gobierno que avanza con velocidad sobre el empleo público, el salario y las condiciones laborales, la respuesta del sindicalismo estatal no se limita a la denuncia. Se juega, sobre todo, en el terreno de la organización.

En este escenario, el sindicato relanzó su campaña de afiliación como una forma de resistencia concreta frente al ajuste. “Afiliarse no es entregar tu libertad, es recuperarla”, aseguran. Desde ATE remarcan que el gremio cuenta con personería jurídica y gremial, condición que le otorga la potestad de participar en negociaciones paritarias, frenar despidos y brindar asesoramiento legal frente a situaciones de abuso laboral.

La organización subraya que no responde “a ningún gobierno ni patronal”, sino que es parte del mismo colectivo de trabajadores que sostiene cotidianamente al Estado. “No somos intermediarios: somos trabajadores enfrentando las mismas injusticias. Afiliarse es un acto de conciencia, de defensa de la dignidad y de construcción de otra realidad posible”.