El escándalo protagonizado por el concejal de Guaymallén, Miqueas Burgoa, quien fue detenido por manejar alcoholizado, sigue generando repercusiones políticas y sociales. Pese al repudio público y al pedido de renuncia de dirigentes tanto oficialistas como opositores, el edil radical permanece en su banca y el proceso institucional para su posible remoción continúa sin definiciones claras.
El hecho que dio inicio al conflicto ocurrió cuando Burgoa fue sorprendido al volante con 1,39 gramos de alcohol en sangre, casi tres veces el límite permitido. El caso generó un inmediato rechazo en distintos sectores del arco político, incluyendo al propio gobernador Alfredo Cornejo, quien se expresó a favor de su renuncia. También se sumaron voces del intendente de Guaymallén, Marcos Calvente, y de parte del bloque de Cambia Mendoza, al cual pertenece el concejal involucrado.
Desde la oposición, el pedido fue aún más enfático. El concejal del PJ, José Pozzoli, presentó formalmente un proyecto de remoción por inhabilidad moral, contemplada en la Ley Orgánica de Municipios. En la misma línea se manifestaron referentes de La Unión Mendocina (LUM), quienes también reclamaron la salida de Burgoa.
Sin embargo, el tratamiento del expediente no ha avanzado en el Concejo Deliberante. El tema fue girado a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, pero aún no ha habido dictamen ni se convocó a una sesión especial para tratar la situación. La falta de movimientos concretos ha encendido críticas por parte de la oposición, que acusa al oficialismo de dilatar deliberadamente la definición para evitar una resolución incómoda dentro de sus propias filas.
“El Concejo no puede mirar para otro lado”, advirtió Pozzoli desde el peronismo, mientras que LUM insistió en que se está incumpliendo con el deber institucional de dar una respuesta. En tanto, algunos integrantes de Cambia Mendoza se mantienen en silencio o deslizan que la decisión le corresponde exclusivamente al cuerpo legislativo y buscan apelar a la conciencia del señalado Burgoa para recapacite y renuncie, como expreso Jonathan Mazuela en la última sesión del concejo deliberante.
Mientras tanto, el concejal Burgoa no ha renunciado, aunque ha presentado su defensa ante el cuerpo, en la que intentó justificar su accionar y solicitó que se le permita continuar en funciones. La estrategia parece centrarse en ganar tiempo, mientras la atención mediática disminuye y las tensiones internas se descomprimen.
El caso ya no solo refleja una conducta individual reprobable, sino que pone en evidencia la falta de reacción institucional ante situaciones de gravedad ética. La continuidad o no de Burgoa en su cargo ahora depende de un Concejo que, hasta el momento, ha optado por la parálisis.
