En una nueva muestra de insensibilidad social y desprecio por las necesidades básicas de millones de argentinos, el gobierno de Javier Milei decidió liberar el precio de la garrafa social de gas en pleno invierno. La medida, que impacta de lleno sobre las familias más vulnerables y desprotegidas, fue duramente cuestionada por referentes políticos de distintas fuerzas, entre ellos el exvicepresidente Julio Cobos y el diputado provincial Jorge Difonso.

Mientras la Argentina atraviesa una de las crisis económicas más profundas de las últimas décadas, el Ejecutivo Nacional avanza con una política de ajuste feroz que ya no distingue entre servicios esenciales y bienes de lujo. Esta vez, el blanco de su ideología ultraliberal fue la garrafa social, única fuente de calefacción y cocción para millones de hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural.

“El gobierno nacional no tiene mejor idea que liberar el precio de la garrafa social”, sentenció Cobos, con una mezcla de indignación y estupor. Y no exagera: según datos oficiales, algo menos de la mitad de la población argentina depende de las garrafas para cubrir sus necesidades básicas de energía. En Mendoza, por ejemplo, departamentos enteros del sur y del este provincial dependen exclusivamente de este insumo, cuya suba ya comenzó a sentirse en las bocas de expendio.

Para Jorge Difonso, el golpe es doble: no solo por el impacto social, sino por la complicidad política de quienes permitieron la maniobra desde el Congreso. “No defienden a Mendoza. La calefacción no es un lujo, es de primera necesidad”, disparó el sanmartiniano, apuntando contra los legisladores oficialistas que avalaron la desregulación sin siquiera exigir un cronograma de transición o un sistema compensatorio.

La decisión de Milei se inscribe en una lógica de Estado ausente, que abandona su rol regulador en nombre de un dogma de mercado insensible e impracticable para vastas regiones del país. En un contexto de frío extremo, con salarios pulverizados y subsidios recortados, la liberación del precio de la garrafa no es una política: es una sentencia de sufrimiento para los sectores más humildes.

A contramano de su promesa de “terminar con la casta”, el presidente parece ensañarse con los sectores populares, mientras protege con celo los intereses concentrados del mercado energético. En este marco, dirigentes como Cobos y Difonso alzan la voz no solo como representantes políticos, sino como un reflejo del hartazgo de una ciudadanía que empieza a ver en cada medida de este gobierno una amenaza directa a su subsistencia.

La calefacción no es un lujo, es un derecho. Y hoy, ese derecho está siendo pisoteado con una brutalidad ideológica que solo puede explicarse desde el desprecio por la realidad del pueblo argentino.