El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, autorizó a las Fuerzas Armadas a realizar detenciones transitorias de civiles en la frontera norte, en el marco del denominado «Operativo Roca». Según la resolución firmada por el ministro Luis Petri, los militares podrán aprehender a personas sorprendidas en flagrancia cometiendo delitos, debiendo dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad o a las autoridades judiciales competentes.
La medida busca reforzar el control en zonas sensibles del país y fue defendida por Petri argumentando que se apoya en la Ley de Ministerios, la Ley de Defensa, el Decreto 1112/24 y las nuevas reglas de empeñamiento aprobadas por el gobierno. El ministro explicó que cualquier persona puede realizar una aprehensión en caso de flagrancia, según el Código Procesal Penal, y que esta facultad no implica una violación al orden legal.
Si, es una medida controversial para todos los que defienden narcos, terroristas y violentos delincuentes. Elijan de lado van a estar.
— Luis Petri (@luispetri) April 28, 2025
El Gobierno autorizó a los militares a detener civiles en la frontera norte
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No obstante, la decisión generó un fuerte rechazo entre especialistas y exfuncionarios. Exministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy advirtieron que la participación de militares en detenciones de civiles choca directamente con la Ley de Seguridad Interior, que prohíbe expresamente la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna. Para ambos dirigentes, la medida no solo vulnera el marco legal vigente, sino que además expone a los efectivos militares a eventuales conflictos judiciales.
El debate reabre una vieja discusión en Argentina sobre los límites de la actuación militar en tiempos de democracia, una cuestión altamente sensible en un país con el recuerdo todavía presente de su pasado reciente.
