La industria vitivinícola atraviesa momentos de serios problemas. A la caída en el consumo y el deterioro del poder adquisitivo, se suma una fuerte carga a los costos. Esto afecta principalmente a los pequeños y medianos productores. Mendoza, la provincia emblema de la actividad, es el epicentro de la preocupación del sector.

Según el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), el consumo per cápita de vino en Argentina alcanzó los 12 litros en los primeros nueve meses de 2024, lo que representa una caída del 1,9% respecto al mismo periodo de 2023. La tendencia no muestra signos de reversión y las proyecciones para 2025 son aún menos alentadoras.

Sin embargo, la preocupación no se limita a la demanda. La presión impositiva sobre las pymes vitivinícolas, sumada a tarifas e insumos dolarizados, han dejado a muchos productores operando con rentabilidad nula o negativa. A este complejo escenario se suma la competencia de vinos importados, principalmente desde Chile, que ingresan al mercado a precios inferiores a los costos de producción locales.

Posturas enfrentadas.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, defiende su gestión asegurando que la crisis del sector responde a factores macroeconómicos y no a decisiones políticas provinciales. Desde su gobierno han enfatizado que las soluciones deben provenir de reformas estructurales a nivel nacional y que la provincia no cuenta con herramientas suficientes para revertir la situación por sí sola.

En contraposición, el diputado provincial Jorge Difonso, de La Unión Mendocina, cuestiona la falta de acción del gobierno mendocino y señala que las políticas locales han favorecido el deterioro del sector. «Al haberse derogado el marco legal que protegía los abusos de posición dominante, hoy vemos que los productores han entregado sus uvas sin conocer ni el precio ni las condiciones de pago. Ante esto, el Gobierno provincial no toma ninguna medida», denunció.

Difonso también advierte que muchos productores han optado por arrancar sus viñedos debido a la falta de rentabilidad, trazando un paralelismo con el destino del tomate, que hoy se importa en grandes cantidades. Según el legislador, «el modelo de Cornejo apunta a cambiar la matriz productiva de la provincia en favor de la minería a gran escala, dejando a la vitivinicultura en un segundo plano».

El diputado insiste en que los viñateros deben enfrentar un esquema de financiamiento injusto: «Primero financian al Estado nacional con el 21% que aportan en cada insumo; luego financian a los bodegueros, entregando la uva sin precio fijo y cobrando meses después sin actualización alguna». Además, advierte que el nuevo Código de Agua impulsado por el gobierno provincial afectará la actividad, ya que «quita la inherencia del agua a la tierra, reduciendo el valor inmobiliario de las fincas».