El concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa, se convirtió en el epicentro de una tormenta política tras ser detenido por conducir en estado de ebriedad en General Alvear, hecho que derivó en una cadena de repercusiones políticas y partidarias que aún no encuentran resolución definitiva.
El episodio ocurrió el 10 de mayo, en el marco de la conocida Paella Radical, evento que se realiza antes del Fiesta de la Ganadería en Alvear. Rápidamente se conocieron detalles comprometedores: Burgoa habría registrado una graduación alcohólica por encima del límite permitido, y fue demorado por las fuerzas policiales luego de protagonizar una maniobra imprudente. Desde entonces, el pedido de su renuncia se volvió un clamor tanto dentro como fuera de su espacio político.
Calvente se pronuncia y pide su salida
Marcos Calvente, intendente de Guaymallén y referente radical, fue tajante: “Desde el punto de vista ético, corresponde que presente su renuncia”. El jefe comunal se distanció del accionar de Burgoa y subrayó que un hecho de estas características atenta contra la credibilidad de las instituciones.
Calvente también apuntó a la necesidad de preservar la imagen del Concejo Deliberante y manifestó que la continuidad de Burgoa entorpece el funcionamiento político y da argumentos a la oposición.
Tensiones internas en la UCR
La discusión por el futuro de Burgoa volvió a exponer diferencias internas en el bloque radical del Concejo. Mientras algunos ediles avalaban la postura del intendente Calvente y exigían una salida ordenada, otros —alineados con el exintendente Marcelino Iglesias— defendían al concejal implicado. La reunión del bloque, convocada días después del incidente, no alcanzó consensos y dejó expuesta que la fractura.
El peronismo exige la destitución
Lejos de mantenerse al margen, el peronismo local se involucró directamente. El bloque del Frente Elegí, del concejal Jose Pozzoli, pidió que se inicie formalmente el proceso de remoción previsto en la Ley Orgánica de Municipalidades. De concretarse, Burgoa podría ser destituido si se alcanza la mayoría agravada de dos tercios del Concejo.
El argumento de Pozzoli radica no solo en la conducta del edil, sino también en su negativa a renunciar pese a la gravedad del hecho. Desde el PJ, consideran que su permanencia afecta la transparencia institucional y envía un mensaje negativo a la ciudadanía.
Una sesión caliente y la defensa de Burgoa
En la última sesión del Concejo Deliberante, la situación llegó a su punto máximo de tensión. Afirmó que no había cometido un delito y que no intentó utilizar su cargo para evadir responsabilidades. Además, pidió que se respete el debido proceso y se comprometió a continuar con sus tareas legislativas.
Sin embargo, su estrategia de resistir en el cargo profundizó el malestar político. La opinión pública, movilizada en parte por el impacto mediático del caso, ha seguido de cerca el desarrollo de los acontecimientos.
Así también sectores de la oposición como la Unión Mendocina, en voz de su concejal Exequiel Morales, expresaron que debe ser el Intendente quien resuelva el asunto y no cargarlo sobre los concejales, y menos de la oposición, al tiempo que reclamó saber si Miqueas uso viáticos municipales para realizar el viaje.
Intervención que fue oportunamente contestada por el concejal, Jonathan Mazuela, que expresó: “lo que hizo el Intendente está bien, él dió su opinión; después le compete al órgano legislativo tomar una resolución”. “Nos horroriza la idea de que sea el Ejecutivo quien tenga que tomar cartas en asuntos del Concejo deliberante, que es lo que propone el concejal (de LUM) por esquivarle a la jeringa” continuó.
“Nosotros simplemente apostamos a que tenga racionalización en él y sentido común”, concluyó Mazuela refiriéndose al caso Burgoa.
Un conflicto que trasciende lo personal
El caso Burgoa no solo pone en cuestión la conducta individual de un funcionario, sino que abre un debate más profundo sobre los estándares éticos de la representación política. La falta de una respuesta clara y unificada desde el oficialismo ha dejado un vacío que la oposición intenta capitalizar, y pone en evidencia tensiones internas que merecen ser saldadas para evitar futuros conflictos.
A la espera de una resolución, lo que queda claro es que el “caso Burgoa” ha generado una crisis institucional que requiere algo más que comunicados: necesita decisiones concretas y señales de transparencia hacia la sociedad.
