Hace poco menos de un mes, fruto de la investigación hecha por el medio Mendoza Post, se conoció una serie de insólitas irregularidades entre las que destacan el desvío de más de $26 millones de pesos realizado por una empleada, papeles adulterados entregados por empresas y subsidios a grandes empresarios que hacen dudar de su prioridad, y ahora el intento del gobernador Alfredo Cornejo por recuperar ese dinero.
Todo salió a la luz por una investigación realizada por la AFIP a una empleada que trabaja en el programa Enlazados, que sirve para generar nuevos puestos de trabajo en el sector privado, y depende del área del Ministerio de Producción, a cargo del empresario y funcionario Rodolfo Vargas Arizu. El foco del organismo nacional sobre esta empleada se dió por movimiento millonarios que estaba realizando que no coinciden con sus ingresos. Esto, según la investigación del Post, destapó que la empleada habría encontrado una brecha en el sistema que le permitía dar de alta a supuestos empleados el penúltimo día del mes para que cobraran y después darle la baja el primer día del mes. La administrativa, que habría conseguido a 31 cómplices, asignaba al azar empleados a empresas solo para que cobraran y aceptaran un mecanismo de retribución.
Un modus operandi que hace dudar que una joven de 21 años recién empleada por la cartera pudiera ejecutar sin el conocimiento de nadie más, de hecho lo hizo por más de 4 meses hasta que fue descubierta. Desde el ministerio que encabeza Vargas Arizu nada habían dicho hasta que esto salió en los periódicos, primero esquivando dar declaraciones para luego salir a decir que no fue por la AFIP que detectaron esta irregularidad sino que fue por motivo de que la empleada en su último movimiento había deja de asignar empleados al azar para hacerlo en una sola empresa.
Pero este asunto no termina ahí, con empleados corruptibles y potenciales cómplices por doquier, sino que también dejó en evidencia que los empresarios beneficiados por este plan de subsidio al empleo también incurrieron en irregularidades. Este tema tampoco tomó estado público por medio de una comunicación de Arizu, sino que fue por una filtración de ATM a los medios, precisamente el Post, de que había 10 empresas bajo la lupa por haber presentado libres de deuda (requisito del empresario para acceder al beneficio) totalmente adulterados y se consultaba a ese organismo el estado de cuenta de estas empresas.
Entre las empresas investigadas destacan Expreso Luján, Cartellone, el Grupo Broda, entre otros. Deteniéndose un segundo en las tres primeras salta a la luz un cuestionamiento; ¿es necesario que los mendocinos subsidiemos a estos empresarios? A simple vista resalta un rotundo no, ya que ninguna es una pyme que recién arranca sino que son grandes empresas que ya cuentan con contratos con el Estado y correspondientes beneficios. La empresa de transporte Expreso Luján ya recibe subsidio al transporte; la constructora Cartellone es una de las mayores adjudicatarias de la obra pública, poca o mucha, que hay en la provincia; y el Grupo Broda que acaba de comprar el diario Los Andes, junto a otros empresarios, también tienen diferentes negocios con la provincia incluso está anotada para exploraciones mineras futuras. Resulta poco creíble que estas empresas necesiten que el estado subsidie el salario mínimo, vital y móvil del personal que necesitan contratar.
Ahora volviendo a que hace el gobierno, el gobernador Cornejo parece haber esperado ya el tiempo suficiente, más de 3 semanas, para sacar un decreto asignando al gobierno de la provincia en esta causa. Lógicamente de manera limitada, ya que le dió tiempo a todos los empresarios para “que regularicen” sus papeles y así poder considerar que no hay motivo de avanzar con la causa de ellos ya que no registra en este momento daño patrimonial para Mendoza. Pero si pide que se acelere la imputación para la administrativa, a cargo de su funcionario Arizu, y sus supuestos 31 cómplices, y así la justicia pueda seguir el rastro del dinero, recuperarlo y terminar con este asunto. Esto último sale a luz luego de que se conociera, de manera informal, por parte del Abogado de los acusados la intención de devolver hasta el último centavo a cambio de penas mínimas.
La corruptela dentro del gobierno parece estar acelerando al mismo ritmo que lo hace la pobreza y la crisis de la provincia y el país, no se puede tapar el sol con un decreto. El sector privado registra un empantanamiento total en los últimos 10 años y el área que busca desde el Estado potenciar empleos solo sirve para rapiñar arcas tanto por parte de empleados como de grandes empresarios que poco necesitan de esto. Es hora de que los mendocinos le pongan un alto a estas prácticas y se solucionen los problemas de todos los habitantes de Mendoza.
