El reciente tratamiento y media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto conocido como «Ficha Limpia» puso en evidencia tensiones entre los distintos bloques políticos que incluso trasciende las fronteras del Congreso.

Esta iniciativa, impulsada por el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), busca impedir que personas condenadas por delitos de corrupción en segunda instancia puedan ser candidatas a cargos públicos. Sin embargo las motivaciones de fondo dejan más dudas que certezas y ponen en duda la “nobleza” de la publicidad oficial.

La aprobación en Diputados contó con 144 votos positivos y 98 negativos, con el respaldo de LLA, el PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y bloques provinciales. La norma abarca delitos como cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito, entre otros vinculados a la administración pública. Además, se prevé la creación de un registro público que recopilará las sentencias y eventuales revocaciones, extendiendo también las incompatibilidades a cargos en el Poder Ejecutivo y en empresas estatales.

Sin embargo, la sanción definitiva se encuentra en suspenso en el Senado, donde no hay fecha concreta para su tratamiento. Algunas versiones indican que el gobierno de Javier Milei podría utilizar el proyecto como moneda de cambio para negociar otros intereses, como el nombramiento de jueces para la Corte Suprema. Otros sectores consideran que la demora responde a la necesidad de evaluar su impacto político, en especial por su potencial afectación a figuras de peso como Cristina Fernández de Kirchner (CFK), quien fue condenada en la causa Vialidad y quedaría inhabilitada si la ley entra en vigencia antes del 29 de abril.

Sobre este aspecto importa un elemento para nada secundario. La presentación de Cristina Fernandez de Kichner como candidata contra la fuerza del presidente Javier Milei crea un escenario de polarización simbólica, la cual a priori refuerza la adhesión al libertario de los sectores menos adeptos a Milei. Recrea un escenario de dicotomía dejando con menos espacio a terceras fuerzas o sectores díscolos dentro de la derecha y el mismo peronismo.

En este cuadro importa prestar atención a la evolución del debate sobre la política económica. Mientras Milei se esfuerza por revaluar el peso garantizando un festival al capital financiero, la UIA y el capital agrario ponen el grito en el cielo. Este sector reclama un giro en la política económica.  ¿Es la base para la recomposición de una representación nacional y popular?

Por el contrario la ausencia de CFK en la disputa electoral habilita un escenario de mayor dispersión y por lo tanto espacio para el desarrollo de proyectos divergentes a los oficialismos partidarios.

Necesidades políticas.

No es un secreto que el presidente busca consolidar una mayoría en el congreso, o una primera minoría, de mínima. ¿Impulsará una legislación que cuestiona sus ambiciones y táctica política?

Mientras que los bloques oficialistas y dialoguistas destacan el carácter preventivo de Ficha Limpia como una herramienta para combatir la corrupción y mejorar la calidad institucional, el kirchnerismo y la izquierda denuncian que se trata de una maniobra de proscripción política y un intento de utilizar el Poder Judicial como mecanismo de censura electoral. Desde Unión por la Patria (UP), Germán Martínez y Mónica Litza señalaron que el objetivo es inhabilitar a CFK, mientras que el diputado Miguel Pichetto (Encuentro Federal) cuestionó que el Congreso delegue su facultad constitucional de controlar la idoneidad de los legisladores a los jueces.

Por su parte, la diputada del Partido Obrero-Frente de Izquierda, Vanina Biasi, sostuvo que el proyecto constituye una «ficha sucia» para encubrir la corrupción del sistema político y económico. En su visión, el Poder Judicial, al que se le otorga el poder de decidir sobre las candidaturas, es parte de ese entramado corrupto y carece de independencia. Además, denunció que este tipo de legislaciones forman parte de una política promovida por Estados Unidos en América Latina para condicionar procesos electorales y debilitar liderazgos opositores.

Algunos legisladores señalaron que el alcance del proyecto podría haber incluido otros delitos graves, como el narcotráfico o los delitos sexuales. Es el caso de los diputados como Fernando Carbajal (UCR) y representantes de Innovación Federal que reclamaron que la inhabilitación no se limite sólo a hechos de corrupción administrativa.

Nadie les cree.

Que políticos corruptos no deben ocupar cargos públicos es una verdad de perogrullo. Pero si es algo tan evidente. Si esto es así ¿Porque es necesario una ley? Luego de los recientes escándalos que involucran diputados pedófilos, dietas multimillonarias y espectáculos decadentes ¿El congreso tiene la autoridad de legislar “fichas limpias”? ¿La justicia está exenta de la corrupción y el tráfico de influencias?

Por más que se grite a cuatro vientos sobre transparencia lo que abundan son las preguntas. 

El debate sobre Ficha Limpia se apoya en el rechazo mayoritario de la población a “los políticos”, pero no pareciera que avanza en ese sentido. De aprobar en el senado esta ley sería una herramienta legal que pueden ser utilizada como instrumentos de persecución política. En un contexto de desconfianza hacia el sistema judicial y el sistema político, la discusión sobre quién debe tener el poder último para definir quién es apto para representar al pueblo, prescindiendo de la voluntad popular tiene olor a azufre.