Este martes, en la Legislatura de Mendoza, se llevó a cabo el tratamiento en comisiones del apartado de Seguridad del presupuesto 2025. La presentación estuvo a cargo de Mercedes Rus, ministra de Seguridad de la provincia, quien defendió las principales líneas del proyecto frente a los legisladores. Sin embargo, las críticas de la oposición no se hicieron esperar. 

En diálogo con este medio, el diputado José Luis Ramón expresó su preocupación por lo que considera una falta de un enfoque integral en la planificación y asignación de recursos.

Ramón fue tajante al describir el escenario: “No vivimos en Disneylandia”. Para el diputado, el presupuesto carece de una visión de seguridad que abarque aspectos sociales, económicos y comunitarios de manera integral. “Lo que vemos es una realidad en Mendoza donde los delitos en los barrios, en los municipios más alejados, son graves”, remarcó.

Entre los principales puntos que el legislador cuestiona está la falta de inversión destinada a combatir los delitos económicos y los delitos informáticos. Según Ramón, estos delitos están afectando cada vez más a la población, con casos de estafas bancarias y compras fraudulentas que vulneran la seguridad financiera de las personas. “Nos preocupa que grandes bancos como el Nación o el Supervielle no cuenten con sistemas de seguridad adecuados, y que se culpe a los usuarios en lugar de abordar la raíz del problema”, agregó.

Además, el diputado señaló una falta de diálogo institucional entre el Ministerio de Seguridad y la Comisión Bicameral de Seguridad, lo que, en su opinión, podría mejorar la articulación de políticas públicas. “Es muy raro que la ministra no concurra a la bicameral, que es un órgano del poder legislativo que podría acompañar en la sanción de leyes más efectivas”, indicó. Ramón apuntó que, pese a que el oficialismo cuenta con mayoría legislativa, las decisiones en torno al presupuesto de seguridad se toman sin participación de la oposición.

Otro de los puntos críticos que José Luis Ramón destacó durante la entrevista fue la situación en los barrios populares de Mendoza, donde las condiciones de vida son alarmantes. “Hay más de 360 barrios populares censados que no tienen acceso a agua potable, cloacas ni un sistema de seguridad cercano”, explicó. Según el diputado, la falta de un abordaje interdisciplinario entre los distintos ministerios agrava la problemática de la seguridad en estos sectores vulnerables.

Ramón también expresó su preocupación por lo que considera una orientación de las políticas del gobierno provincial en beneficio de grupos económicos específicos. “Desde 2015, el proyecto político del radicalismo favorece los intereses de un pequeño grupo de empresarios vinculados a la minería y a los desarrollos inmobiliarios, mientras se desatiende a los sectores más pobres de Mendoza”, afirmó.

El presupuesto 2025 en seguridad, según Ramón, refleja dos visiones políticas en pugna. “Lo que se está planteando es un proyecto hecho exclusivamente desde el radicalismo, sin la participación de la oposición”, subrayó. En ese sentido, el diputado concluyó que el desafío principal que enfrenta este presupuesto es lograr un enfoque más inclusivo y ajustado a las necesidades reales de la población, especialmente en los sectores más desfavorecidos.