El Gobierno de Mendoza presentó el proyecto de Presupuesto 2025, y uno de los capítulos más relevantes fue el de Seguridad y Justicia, a cargo de la ministra Mercedes Rus. Con un total de $344.538 millones previstos para este área, la propuesta destaca por su fuerte enfoque en la modernización del sistema de seguridad, la reforma del sistema penitenciario y una inédita coordinación entre las instituciones públicas y el sector privado. A continuación, los tres ejes centrales del plan.

1. Un sistema de seguridad más inteligente y moderno

La seguridad pública en Mendoza tendrá la inversión más alta en bienes de capital en una década. Con $251.981 millones destinados a la Policía, el objetivo es dotarla de recursos materiales y tecnológicos para aumentar su eficiencia en la prevención y represión del delito. La ministra destacó que Mendoza ha liderado una transformación en la estrategia de seguridad, enfocada en la inteligencia operativa y el patrullaje inteligente.

En este marco, se incrementará la inversión en videovigilancia con un sistema que incluirá cámaras con inteligencia artificial, reconocimiento facial y lectura de patentes. Más de $3.252 millones estarán destinados a este salto tecnológico, que incluye la instalación de lectoras en los límites provinciales y un sistema de vigilancia digital que reforzará el control en eventos masivos, como partidos de fútbol. El programa “Tribuna Segura” se ampliará, aumentando en un 200% las personas incluidas en las listas de acceso restringido.

Además, se prevé equipar a los patrulleros con computadoras de a bordo, mejorando la capacidad de respuesta y control en tiempo real. El foco, según la ministra, está en “ir a buscar a los delincuentes” y no esperar a que el delito ocurra.

2. Reformas en el sistema penitenciario

La consolidación de un sistema penitenciario más eficiente y humano es el segundo gran objetivo del presupuesto. Con una asignación de $92.242 millones, se trabajará en la modernización de las instalaciones carcelarias y en la implementación de nuevas tecnologías para el control de los internos. Esto incluye un sistema de cámaras de identificación en penales clave como Boulogne Sur Mer, San Felipe y San Rafael, orientado a prevenir el ingreso de drogas y teléfonos.

Rus adelantó que se instalarán sistemas de monitoreo seguros para evitar interceptaciones y mejorar la coordinación con la Policía. Además, se implementará un control más riguroso de las personas liberadas, mediante dispositivos biométricos y un sistema informatizado de seguimiento, destinado a garantizar que cumplan con las condiciones de su liberación.

En palabras de la ministra, la provincia busca llevar adelante “una verdadera revolución carcelaria” que no solo aborde la seguridad interna, sino que también humanice las condiciones de reclusión y asegure una reintegración más controlada de los presos liberados.

3. Coordinación interinstitucional y con el sector privado

El tercer eje del plan presupuestario para 2025 es el fortalecimiento de la coordinación entre distintas instituciones públicas y privadas. La ministra Rus destacó que, por primera vez, se está integrando de manera efectiva a los municipios y a las agencias de seguridad privada en el sistema provincial de seguridad pública, algo que la ley ya contemplaba desde 1999 pero que nunca había sido implementado de manera consistente.

La colaboración con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial también será clave en esta nueva etapa, donde se buscará mejorar la eficiencia de las investigaciones criminales y el procesamiento de los delitos. El sistema IBIS para balística forense y otras herramientas digitales avanzadas serán componentes cruciales en este esfuerzo de modernización.

El ministerio presenta un Presupuesto 2025 para Seguridad y Justicia en Mendoza que apuesta por un modelo integral de seguridad que combina inversión en tecnología, reformas en el sistema penitenciario y una mayor coordinación institucional. Con un claro énfasis en la prevención del delito, la transformación tecnológica y la mejora de la infraestructura carcelaria, el gobierno provincial busca afrontar los desafíos de seguridad con una estrategia adaptada a los tiempos actuales, prometiendo una mayor eficiencia operativa y una reducción de los índices delictivos.

Esta combinación de medidas ambiciosas, si bien implica un gran desafío, refleja la intención del Gobierno de Mendoza de colocarse a la vanguardia en materia de seguridad pública en el país. Algo que ha venido haciendo a través del banco de huellas genéticas entre otros proyectos.