El proyecto de ley impulsado por el ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Zalazar, que propone la creación de un adicional salarial para trabajadores a cargo del cuidado de niños, generó una fuerte polémica dentro del ámbito estatal. La iniciativa, según explicó el funcionario en el Senado provincial, busca reconocer económicamente el trabajo de quienes desempeñan funciones vinculadas al cuidado de menores en áreas como hogares, centros de responsabilidad penal juvenil y equipos técnicos interdisciplinarios.
Sin embargo, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), su secretario general, Roberto Macho, expresó un rotundo rechazo al proyecto, calificándolo de “unilateral, ilegítimo e inconstitucional”.
“ATE no está involucrado absolutamente en ninguna creación de algún adicional. Esto lo ha planteado el Ministerio de Educación en forma unilateral, violando todos los acuerdos paritarios y el convenio colectivo de trabajo”, manifestó Macho en un comunicado dirigido a los trabajadores del sector y al gobierno provincial.
El dirigente sindical cuestionó la legalidad del proyecto y denunció que no hubo instancia paritaria ni consulta técnica previa. A su vez, advirtió que la implementación del adicional afectaría gravemente los derechos laborales conquistados por los trabajadores, como licencias por salud mental, profilaxis, fallecimiento de familiares o donación de órganos.
“Este adicional condiciona totalmente y viola todos los derechos adquiridos por los trabajadores. Te están diciendo que no vas a tener derecho a defensa porque, en ese transcurso, te van a rebajar el salario”, añadió.
Además, Macho aseguró que desde ATE ya se realizaron presentaciones formales ante la Cámara de Diputados, Senadores y el propio Ministerio de Educación, sin obtener hasta el momento una respuesta oficial por parte del titular de la cartera educativa.
El proyecto, según palabras del gremialista, “pretende hacer listas para amigos” y se trataría de una herramienta del gobierno provincial para “coaccionar” al personal mediante la distribución arbitraria de beneficios económicos, que además no estarían sujetos a futuras discusiones paritarias.
Desde el gobierno provincial no se han emitido nuevos comunicados, aunque algunos funcionarios han defendido la iniciativa asegurando que busca jerarquizar funciones sensibles dentro del sistema de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes.
En un contexto de alta tensión gremial y con paritarias en marcha, el debate sobre este adicional promete seguir generando repercusiones tanto en el ámbito legislativo como en las calles.
