En el marco de las negociaciones paritarias con el Gobierno de Mendoza, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) logró plasmar una de sus demandas más relevantes de los últimos años: la creación del Fondo de Incentivación por Cumplimiento de Metas Institucionales, regulado por la Ley 5126. Esta medida, acordada el pasado 27 de marzo en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo, busca reducir desigualdades y mejorar significativamente las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de la Administración Central.
El nuevo fondo —también conocido como “fondo estímulo”— representa un paso concreto hacia la equidad dentro del sector público provincial. Según explicó Roberto Macho, secretario general de ATE Mendoza, la iniciativa surge como una respuesta a la desnaturalización que había sufrido este concepto en los últimos años. “Había compañeros que no cobraban nada, y otros que llegaron a percibir sumas que superaban el millón de pesos”, denunció el dirigente, en referencia al viejo esquema de incentivos.
A diferencia de aquel modelo desparejo, el nuevo fondo tendrá una distribución más justa. El 40% del total se cobrará de manera permanente y habitual, sin condiciones adicionales, lo que en la práctica representa el 50% del salario actual de un trabajador clase 13. Esta parte fija garantiza un piso equitativo para todos los agentes alcanzados, sin importar su ministerio o repartición.
El restante 60% dependerá de una evaluación de desempeño, pero con importantes reformas: ya no se realizará a año vencido, sino que se actualizará mes a mes, garantizando su alineación con la inflación y evitando la pérdida del poder adquisitivo. Además, ATE logró que se respete el uso de licencias justificadas en el marco de dichas evaluaciones, y que se elimine cualquier criterio subjetivo en la calificación del personal.
El fondo, sin embargo, no será universal. Quedan fuera de su alcance los trabajadores de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), el Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria (ISCAMEN) y la Dirección de Personas Jurídicas. ATE remarcó que su planteo fue que el fondo se distribuya por ministerio, en función de la masa salarial total, para asegurar un tratamiento igualitario entre trabajadores.
El acuerdo fue celebrado por el sindicato como un logro gremial que demandó más de siete meses de trabajo técnico y político. “Ahora, el gran desafío será garantizar su aplicación efectiva en cada ministerio. Si eso no sucede, volveremos a discutir en la paritaria”, advirtió Macho.
Este avance se enmarca en una coyuntura donde los trabajadores del sector público reclaman mayor reconocimiento, estabilidad y justicia salarial. La implementación del fondo estímulo será una prueba clave para el gobierno provincial y una señal para el resto de los gremios estatales.