La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza manifestó este lunes su firme repudio ante el proceso judicial que enfrenta Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis, a quien se le imputa haber participado en una protesta multisectorial en el municipio puntano el pasado 30 de enero de 2024. La movilización tenía como objetivo reclamar mejoras salariales y condiciones laborales para los trabajadores municipales.
Desde el Consejo Directivo Provincial (CDP) de ATE Mendoza calificaron el proceso legal como un nuevo caso de «criminalización de la protesta social» y denunciaron una ofensiva contra referentes sindicales que lideran reclamos en defensa de los derechos laborales.
“La respuesta gubernamental a estos conflictos, generados por la falta de políticas concretas y capacidad de gestión, es la criminalización de la protesta. Es decir, condenar a los que luchan”, expresaron en un comunicado.
El caso de Gatica se inscribe, según ATE, en una estrategia más amplia impulsada por el gobierno nacional que encabeza el presidente Javier Milei, con la ministra de Seguridad Patricia Bullrich a la cabeza. ATE sostiene que esta política de mano dura es replicada por distintos gobiernos provinciales, a quienes califican como “los mejores alumnos” del oficialismo nacional en materia represiva.
En este contexto, ATE San Luis denunció que la fiscalía provincial pidió la elevación a juicio de la causa contra Gatica y una condena de dos años de prisión, hecho que fue recibido con preocupación por los sectores gremiales.
“Luchar por condiciones laborales y salariales dignas no constituye delito alguno”, afirmaron desde ATE Mendoza, al tiempo que recordaron que el propio Gatica viajó en su momento a Mendoza para solidarizarse con los dirigentes gremiales locales que enfrentaron situaciones similares.
ATE y la CTA Autónoma de Mendoza reiteraron su apoyo al dirigente puntano y alertaron sobre la escalada judicial contra las expresiones de protesta en el país. “Expresamos nuestra solidaridad con una nueva víctima de las políticas represivas que buscan acallar los justos reclamos colectivos de la clase trabajadora”, concluye el comunicado.
