El Banco Central de la República Argentina (BCRA) otorgó la autorización para que Mendoza pueda salir al mercado y refinanciar su deuda, permitiendo que las entidades financieras adquieran títulos de deuda emitidos por la provincia. Esta medida, oficializada a través de la Comunicación «A» 8213/2025 y publicada en el Boletín Oficial, representa un paso clave en la estrategia financiera del gobierno provincial.

El visto bueno del BCRA se suma a las aprobaciones previas del Ministerio del Interior y el Ministerio de Economía de la Nación, completando el circuito administrativo necesario para que Mendoza avance en la renegociación de sus compromisos financieros. En términos concretos, la habilitación permite que se adquieran hasta $224.618.656.377 en títulos de deuda provincial, lo que equivale a poco más de 200 millones de dólares.

Vencimientos de deuda

Durante 2025, la provincia de Mendoza enfrenta vencimientos significativos de deuda, centralmente en dólares. En total, deberá desembolsar 128 millones de dólares y 49 mil millones de pesos. Dentro de estos compromisos, 97,8 millones de dólares corresponden a capital y 30,95 millones a intereses.

El primer gran desafío financiero llegará dentro de unos días, a fines de marzo, cuando la provincia debe afrontar un vencimiento de 40,75 millones de dólares en capital y 11,95 millones en intereses. Una gran parte de estos pagos está vinculada al Bono Mendoza 2029, que surgió como resultado de la reestructuración del Bono PMY24, originalmente emitido en 2016 por 500 millones de dólares y con vencimiento en 2024. En septiembre, Mendoza deberá hacer otro pago similar de 39,85 millones de dólares en capital y 9,16 millones en intereses.

En este contexto, la administración de Alfredo Cornejo busca mejorar el perfil de vencimientos de la provincia a través de la estrategia de «rolleo» de deuda, que le permitirá refinanciar los compromisos próximos a vencer con nuevas emisiones de títulos de deuda en el mercado de capitales.

Estrategia financiera de la provincia

Con la autorización del Banco Central y el respaldo de la Legislatura mendocina a través del Presupuesto 2025, la provincia podrá emitir deuda para cancelar únicamente el capital de los vencimientos en dólares, mientras que los pagos en pesos se realizarán sin recurrir a la refinanciación.

La intención del ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad es extender los plazos de la deuda y mejorar las tasas de interés. En ese sentido, Mendoza ya ha aplicado estrategias similares en el pasado. En 2024, por ejemplo, se emitieron dos títulos de deuda: uno por 37,3 mil millones de pesos con vencimiento en diciembre de 2025 y otro por 39,7 mil millones de pesos con vencimiento en marzo de 2027.

Fayad dejó claro que si tiene las condiciones podría incluso adelantarse la refinanciación del vencimiento de septiembre, permitiendo aliviar la carga financiera de la provincia en el corto plazo. No obstante, también reconoció que el contexto económico nacional y la disponibilidad de financiamiento en el mercado de capitales serán determinantes para definir la operación.

Riesgos de la deuda mendocina

El stock total de deuda consolidada asciende a 639,23 millones de dólares, donde más del 85% es en moneda norteamericana y el resto en pesos. Dentro de los acreedores, el 68,57% de la deuda está en manos de bonistas privados, el 29,3% corresponde a organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), el 1,85% está en el Banco Nación, y el 0,22% en el Gobierno Federal.

Uno de los principales riesgos que se advierte es la alta exposición de Mendoza a la deuda en moneda extranjera, ya que una eventual devaluación podría incrementar el peso real de la deuda en dólares, complicando el cumplimiento de los pagos. Sin embargo, el gobierno provincial apuesta a la renegociación y extensión de plazos para mitigar estos riesgos.

Otro aspecto a tener en cuenta es el peso que ya tiene el cumplimiento de las obligaciones financieras de la provincia, el cual está repercutiendo negativamente en el flujo de caja. Esto repercute directamente en la prestación de los servicios del estado y el ingreso de los trabajadores provinciales.