El empresario tucumano Carlos Pedro Blaquier, dueño del ingenio azucarero Ledesma, murió este 13 de marzo a los 95 años. Fue cómplice de la terrible «Noche del Apagón , en la que se estima hubo unas 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas, durante la dictadura militar.

El empresario falleció impune, con una causa abierta en su contra, acusado de haber sido partícipe del terrorismo de Estado. Blaquier forma parte de la larga lista de empresarios beneficiados por la dictadura que quedaron impunes bajo la responsabilidad de los distintos gobiernos de turno.

Antes del golpe, Blaquier prestaba un palacete ubicado en la calle Azcuénaga a un grupo de intelectuales y grandes empresarios que pasaron a llamarse el “Grupo Perriaux” en alusión al abogado Jaime Perriaux. Como sostienen en el informe Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad, Blaquier, de esa forma, colaboró con quienes diseñaron el plan económico que después iba a ejecutar José Martínez de Hoz.

El 24 de marzo de 1976, comenzaron los secuestros en Jujuy. Una de las víctimas fue Luis Arédez, médico del ingenio, por haber tratado de conseguir acceso a tratamientos de calidad a aquellos trabajadores que enfermaban.

Para llevar adelante esos secuestros, las fuerzas contaron con vehículos que había proporcionado el Ingenio Ledesma. Para entonces, la empresa también producía listas negras de trabajadores. En julio de 1976, la metodología se perfeccionó. Las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, que rodean al ingenio, se vieron envueltas en un gran corte de suministro eléctrico que posibilitó que las fuerzas salieran a secuestrar bajo el total anonimato. En lo que se conoció como las Noches del Apagón, fueron raptadas decenas de personas. Todas ellas fueron llevadas a la hostería de Guerrero, que funcionaba como centro de torturas, y luego trasladadas.

En el informe disponible en la web de la Secretaría de Derechos Humanos, se afirma «La participación de la empresa en una logística informativa ilegal, de carácter persecutorio, los estrechos vínculos de los directivos, incluido el dueño Pedro Blaquier, con los agentes de la represión, el rol clave de exmilitares como funcionarios privados, entre otros elementos, iluminan la responsabilidad empresarial en los crímenes de lesa humanidad», describe el documento.

En noviembre de 2012, el juez federal Fernando Poviña procesó a Blaquier por ser cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas (causa «Luis Burgos y otros»), acusándolo de haber la orden al exadministrador de Ingenio Ledesma, Alberto Lemos, para que facilitara los vehículos utilizados en el operativo.

Esta causa continúa abierta desde entonces, pero Blaquier supo aprovechar la lentitud de la Justicia y también ciertos favores desde el Estado para ir entorpeciendo el proceso. Las y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en Ledesma no cesaron con su lucha. En 2021, la querella logró que Blaquier sea elevado a juicio oral, luego de que se publique un documento en el que los jueces sostenían que la Cámara de Casación había obstaculizado indebidamente el avance de la causa contra el empresario, señalando que esa decisión había sido “arbitraria” y que “obstaculizó indebidamente el avance del proceso”.

En abril de 2022 Blaquier fue apartado del juicio oral y público en las causas que lo tenían procesado después de que el Poder Judicial determinara que el acusado padecía una «incapacidad mental sobreviniente» que le iba a impedir afrontar las audiencias en su contra.
Blaquier iba a cumplir 96 años el próximo 28 de agosto y consiguió morir sin condena por su complicidad con los crímenes dictatoriales gracias a las trabas que impusieron a la investigación de su causa tanto la Corte Suprema como la Cámara de Casación y los distintos gobiernos que sucedieron en las últimas décadas.